El programa de ciudadanía por inversión de Argentina enfrenta un desafío constitucional

El nuevo programa de ciudadanía por inversión (CBI) de Argentina enfrenta el argumento jurídico de que choca con la Constitución del país. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez declaró a El País que el artículo 20 solo permite la ciudadanía por naturalización tras dos años de residencia o por un servicio excepcional a la nación, y que "no permite comprar la ciudadanía".

También sostiene que el decreto de necesidad y urgencia que dio origen al programa, el DNU 366/2025 de mayo de 2025, no supera el test de necesidad y urgencia que permite al Ejecutivo actuar sin el Congreso, y calificó la medida de discriminatoria por motivos económicos. MercoPress, citando a El País, señala que los tribunales ya declararon nulo el decreto en dos casos individuales.

El contexto importa. Un fallo de una cámara federal de apelaciones de junio de 2026 anuló la parte del decreto que trasladaba las decisiones de naturalización de los jueces a la autoridad migratoria. No se pronunció directamente sobre la vía de inversión.

En el Congreso, el diputado peronista Agustín Rossi calificó el programa de "clasista", y la oposición presentó pedidos de informes y proyectos de derogación. El Gobierno afirma que el programa atraerá inversiones y empleo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que los solicitantes pasarán controles "rigurosos" de identidad, antecedentes penales y origen de los fondos.

Al 12 de octubre de 2026, los términos anunciados eran una contribución no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o un bono del Estado de US$800.000, con un lanzamiento previsto para el cuarto trimestre de 2026. Ningún tribunal se ha pronunciado sobre la vía de inversión en sí.